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Linchamientos en Táchira y el peligro de una sociedad homicida

Su franela y los cordones de sus zapatos, que le despojaron de manera frenética, sirvieron para amarrarlo al portón de una de las casas de la urbanización Pirineos 1, al noreste de San Cristóbal. Así, incapaz de defenderse, empezó a recibir golpes de un contrario que se multiplicó por más de 40 personas. En un ejercicio casi tribal, estos parecían hacer catarsis, drenaban los sentimientos más oscuros engendrados en esos días ensangrentados que hicieron de Venezuela el segundo país más violento del mundo. Muchos pretendían matarlo. Ese era su ejercicio de justicia.

La víctima fue un delincuente y los victimarios, personas nada habituales en las secciones de sucesos. “Ya no más, ya no más, déjenme tranquilo”, gritaba el hombre, quien minutos antes, en esa noche de enero, había caído de su motocicleta al pavimento luego de que una joven, a quien intentaba robar, logró empujarlo y alertar a sus vecinos. Lo siguiente fue la reprimenda. Apenas se percataron de que el ladrón no estaba armado, la venganza se tornó colectiva y con tubos, puños y patadas pretendieron acabar con la violencia.

“Él estaba muy mal herido, botaba sangre por la nariz y hasta por los oídos”, dice Rossana, una vecina, quien pidió que se cambiara su nombre por seguridad. Junto al herido, su moto en llamas. La escena era el preámbulo de una muerte que no logró concretarse por la llegada de funcionarios policiales que dispersaron el odio. “Sino llegaban a tiempo yo no sé qué hubiera pasado, había gente que quería continuar la golpiza hasta matarlo”, cuenta la testigo.

Camilo José Silvano no corrió con la misma suerte. Al joven, en la tarde del 20 de enero de 2016, lo mató a golpes una turba. Alrededor de 20 personas decidieron tomar por su cuenta la justicia y lo ultimaron con garrotes, cuando perpetraba un asalto a mano armada en una carnicería en el sector La Tinta, a las afueras de la capital tachirense. Camilo fue la primera víctima, en la entidad andina, de una ola de linchamientos que parece haber despertado el año pasado.

Cada semana de 2016 en Venezuela se registraron entre uno y tres linchamientos con víctimas fatales, según el informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia. En Táchira los intentos de este tipo de ejecuciones empezaron a ganar un espacio alarmante en los titulares de prensa y, como Camilo, otros engrosaron la estadística de una forma de muerte violenta que hasta hace poco resultaba ajena a la dinámica de un estado que presume de su cordialidad.

“El linchamiento es una modalidad delictiva que no es propia de la dinámica del Táchira, no hay muchos casos registrados sobre este delito en el estado, pero sí se reseñó un aumento significativo de intentos, de estas ejecuciones, en la prensa regional durante 2016. Cuestión que es preocupante”, expone la criminóloga del Observatorio Venezolano de Violencia en Táchira, Ana María Rondón.

Ausencia de control social formal

La investigadora al momento de escudriñar en las causas de este fenómeno criminal apunta a la debilidad institucional. “Estos episodios son expresión clara y evidente del fracaso de las instituciones de control social formal. El aumento de la percepción de inseguridad y la desconfianza en los órganos de seguridad hacen que la gente se defienda con lo que consiga”, indica.

La premisa esbozada por Rondón encuentra confirmación en los números de “Táchira en cifras 2015”, estudio realizado por el Observatorio Social del Estado Táchira. A 60% de los tachirenses las instituciones le generan “nada de confianza”. La falta de legitimidad del andamiaje institucional pareciera promover que las personas tomen justicia por sus propias manos. Según la investigación, 52,4% de los encuestados está de acuerdo en ejercer justicia civil y 37,5% aprueba los linchamientos.

“Uno no es que esté de acuerdo con los linchamientos porque sea mala persona, pero uno tiene que haber sido víctima de esos hampones y estar en el momento para poder tomar posición”, cuenta Fernando, un joven de 24 años, quien también prefirió no revelar su verdadera identidad. Su comunidad, en el municipio Fernández Feo, fue otro de los escenarios para esta especie de sacrificios contemporáneos. “El tipo era un violador de menores. El papá de una de las niñas, que había intentado violar, lo agarró y como 50 personas del barrio se sumaron a lincharlo. No se pudo porque llegó la policía”, cuenta, al mismo tiempo que razona que con este tipo de delincuentes no se puede hacer otra cosa.

Estas posiciones representan el retorno de la violencia vengadora y aleccionadora típica de la premodernidad, explica la socióloga Verónica Zubillaga. “Los linchamientos pueden entenderse como la manifestación de la ruptura de los pactos más básicos entre los ciudadanos, y entre los ciudadanos y  el Estado. Es el reflejo de contextos donde no hay una entidad superior que represente el bien común y que imparta justicia”.

En dirección equivocada

La sensación de orfandad ciudadana por la ausencia de protección institucional parece haber despertado una ira vengadora que empieza a dirigirse en dirección equivocada. “En los linchamientos se descarga la violencia colectiva y destructora sobre una persona que resulta ‘un chivo expiatorio’; es decir, la encarnación del mal y el supuesto culpable de la zozobra en que se vive. Cuando en realidad, el verdadero responsable es el Estado con sus políticas erráticas”, precisa Zubillaga.

“Robar está mal de cualquier forma pero hay casos en los que de ninguna manera puede estar justificado el linchamiento”, comenta Yarelis Camacho, una trabajadora de la Universidad Católica del Táchira, quien fue testigo de uno de estos episodios primitivos. Mientras fija su posición, comenta una anécdota que dibuja la apreciación de Zubillaga: “En diciembre en una Panadería en Paramillo iban a linchar a un muchacho por haberle arrebatado una bolsa con yogur, leche y pan a un señor mayor”, narra. “El muchacho luego de los golpes rompió en llanto y solo pedía perdón. Eso me hizo pensar que tal vez en su casa alguien esperaba por ese pan”.

Hacia criminales peligrosos o rateros del hambre, los linchamientos no son un camino efectivo para acabar con la violencia, argumenta el sociólogo y director del OVV, Roberto Briceño León. “Toda respuesta a la violencia no debe buscar incrementarla, sino reducirla, esa es la gran regla de prosperidad y mejoría social, si en la respuesta buscamos más violencia no se está en la dirección adecuada”.

Reivindicar los pactos básicos

Articular una protesta colectiva para reivindicar un pacto básico, cruzado por el respeto a la vida y la urgencia de justicia, es el camino que necesita transitar Venezuela para luchar efectivamente contra la inseguridad, argumenta Zubillaga. “Esto implica también reclamar una policía que nos proteja, no que nos extorsione o ejecute”, comenta.

“El respeto a los derechos humanos no significa impunidad. Al contrario, representa la posibilidad de ser juzgado y sancionado con apego a las garantías democráticas y los derechos fundamentales”, afirma la socióloga. Sintetiza su propuesta en una frase: “Penas justas, no ejecuciones extrajudiciales”.

La posición de la máxima autoridad policial del Táchira no difiere de la de Zubillaga, Briceño o Rondón. La ciudadanía puede contribuir desde su rol a la seguridad pero no como ha pretendido hacerlo desde 2016. “Los linchamientos no contribuyen en nada a la disminución de la violencia. Le hacemos un llamado a la ciudadanía a que ejerzan su rol preventivo y a que notifiquen e informen al cuadrante de cualquier organismo de seguridad para tomar las acciones de investigación y sanción a los delincuentes”, explica Amador Torres, director de Politáchira.

Así, en el afán de defenderse, de luchar contra la bestia que acabó con la vida de 28.278 venezolanos, solo el año pasado, se está contribuyendo a multiplicar una violencia que empieza a tomar rasgos epidémicos. Queda preguntarse, como lo hizo el escritor argentino Jorge Schubert en su obra Otro punto de vista, “si nosotros los buenos matáramos a todos los malos, ¿quiénes quedaríamos?”. La repuesta, seguro, será la misma de su libro: “Los asesinos”.

 

 

Este reportaje es parte de la entrega ¿Cómo se cubre la violencia? publicada por Efecto Cocuyo y fue replicado bajo su autorización. Versión original en: http://escueladeverano.efectococuyo.com/2017/03/linchamiento/

Acerca del autor

Manuel Roa

Manuel Roa

Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica del Táchira. Tesista de la Licenciatura de Comunicación por la Universidad de los Andes. Egresado del Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina de la Fundación Botín y Brown University.