Columnas

La fallida guerra de México y Estados Unidos

La “guerra contra las drogas” ha sido comprobadamente perjudicial e ineficaz en sus propósitos: la producción y consumo aumentó mientras que el poder del crimen organizado hoy hace tambalear a Estados enteros

Ya casi han transcurrido cuatro décadas desde que la superpotencia internacional declaró la guerra a muerte contra el mundo de la droga. Han transcurrido al menos nueve administraciones en la Casa Blanca y otro número igual en el Palacio Nacional mexicano, mientras miles de millones de dólares, millares de vidas y desintegración social son el fruto de una serie de conflictos que conforman las pírricas victorias y derrotas en la lucha entre los Estados y los narcotraficantes.

Estados Unidos y México son dos sociedades muy distintas entre sí, con desiguales niveles de calidad de vida, productividad y cohesión social; pero comparten no sólo una proximidad geográfica relevante sino que son actores primeros en el ámbito económico dentro de la región norte y centroamericana. El comercio vívido se explaya en beneficios y perjuicios, en actividades permitidas por los Estados y prohibidas por ellos. El saldo es grisáceo: violencia, fortunas, empleos y corrupción a ambos lados de los 3.400 km de frontera compartida.

Ambas naciones tienen diferentes sistemas políticos: una república consolidada desde dos centurias en el coloso del norte y una sucesión de autoritarismos revolucionarios y nacionalistas al otro margen del río Grande, derivaron en concepciones hasta antagónicas respecto a una exigencia clave en el avance moderno: la democracia. Y este es el epicentro: el cómo este sistema de organización social que es la ruta universal para la mejor convivencia humana, pudiera derrotar la vorágine criminal de la industria relacionada con las drogas ilícitas, sobre todo en el renovado intento democrático que la sociedad civil mexicana auspicia con mayor participación ciudadana y el apoyo a tendencias políticas proclives a la modernización en consenso.

La decadencia del monopartidismo en México dio paso al quiebre de la paz silente y de contubernio entre la anquilosada clase política, las instituciones partidizadas y los mercaderes de los estupefacientes. Con la dinamización de la democracia a raíz del ascenso del Partido de Acción Nacional (P.A.N., tecnocrático) se avivaron las disputas de los cárteles por el control del evolucionado narco-comercio que ya se había entronizado en el puño de los aztecas para la década del 2000. Así, primer consumidor de narcóticos y su primer proveedor debían abordar el panorama y decidieron aumentar la coerción estatal, una fortuna de los contribuyentes se ha venido usando para tal empresa junto a la creciente militarización de la vida civil en las provincias fronterizas en México, también se acrecentó la cooperación del gobierno estadounidense como en el caso de la “Iniciativa Mérida” que hizo llave con la directriz de “mano dura” implementada por la segunda administración del P.A.N.

Los resultados que se preveían fueron superados por el horror de la realidad: la violencia intracárteles se suma a la declaratoria de guerra contra las fuerzas del orden público y ello ha desbordado a la sociedad que no se acostumbra a una estela de terror in crescendo sobre todo en México, quien debe pagar principalmente por el consumo voraz de millones de estadounidenses ávidos por disociarse de la realidad vía el uso de drogas. A tal punto ha llegado la situación que se ha necesitado el apoyo de comandos especiales y secretos del U.S. Army para poder siquiera contener la ola violenta. El apoyo al gobierno de Felipe Calderón se desplomó y le va a costar la presidencia al partido de su sucesor, Enrique Peña Nieto, cuya gestión ha hecho aguas. En Estados Unidos, la antigua y sacrosanta libertad personal está siendo vulnerada por el Estado en su afán de darle fin al narconegocio, el nuevo mandatario, Donald Trump, insiste en ganarle al narco a punta de metralla.

Las perspectivas lucen sombrías: voces calificadas en este tema advierten que el socavamiento de la libertad y la democracia en el hemisferio americano –y también por extensión, al mundo– están yendo de la mano con la profundización de la guerra antinarcóticos. Exmandatarios, académicos, víctimas, organizaciones ciudadanas y líderes de diversa índole claman porque se sinceren las políticas en este sentido. El consumo de estas sustancias no cesa de parar y en las naciones donde se han hecho tímidas reformas para flexibilizar el acceso a los estupefacientes demuestran que hay otros argumentos válidos que sirven a la solución del fenómeno.

Hay producción, transporte, distribución y venta de narcóticos porque sencillamente existe una demanda y vaya que no es nada despreciable. Entre la opción de tener sociedades vigiladas milimétricamente por Estados cuasi-gendarmes y a que exista el comercio explícito de esas sustancias –comprobadamente atentatorias a la salud humana tal como los “lícitos” tabaco y alcohol, de similar toxicidad–, la democracia inclina la balanza hacia el libre consumo. Así de sencillo. La ética se invoca para legitimar una guerra que cada día es más cara en todas sus repercusiones y tal como va es más peligrosa que el objeto de su erradicación. El poder coercitivo del Estado tiene sus límites y en este particular, ya los ha traspasado suficientemente. Las víctimas de mafiosos y oficiales son numéricamente mayores que las bajas asociadas a toda clase de abusos de estupefacientes.

Enérgicamente los sectores vivos de las sociedades no sólo en México y Estados Unidos deben instar a sus líderes a plantear una reforma de la estrategia antinarcóticos, hacerla más cónsona con el estado de derecho, la convivencia pacífica y el uso adecuado de los recursos a disposición del Estado. La guerra contra el narco, así como otras prohibiciones de similar categoría (caso en EE.UU. con la ley anti-bebida de los ’20 que degeneró en un mercado negro colosal, criminal y partero de los grandes gángsteres de la época) fracasan porque desconocen los impulsos de los seres humanos, sobre todo de los no informados sobre las secuelas que acarrean el uso y abuso de sustancias disociadoras de la realidad. He ahí la clave de la derrota de la drogadicción –no total, sería ingenuo siquiera pensarlo–, educación certera y concienciación ética, esto es lo que ha logrado que el alcoholismo y el tabaquismo no sean males de salud a tasas muchísimas más severas de lo que pudieron prever los apologistas de la prohibición.

La guerra real de México es superar la pobreza que todavía asola la nación, en un marco plural democrático y la sujeción al imperio de leyes justas. El éxito productivo de México en los últimos años lo han llevado a estar en las primeras veinte economías del orbe con planes ambiciosos de desarrollo y derrota de la miseria; ésa es la prioridad latente, no el seguir una guerra sin sentido respecto a los desastrosos frutos. Ahora, debe haber un esfuerzo mancomunado entre todos los actores involucrados, regiones como Europa o Estados Unidos, vastos mercados para los narcóticos han de volcarse a poner punto final al asunto, en ello el debate dentro de sus sociedades civiles serán quienes logren restaurar un clima de paz y erradicación de este negocio criminalizado por normas obtusas e inoperantes.

Quien frena el vicio no es la ley sino la reflexión ética aunado a la formación cívica.

@IvanPolitics

Acerca del autor

Iván Ciriaco-Useche

Iván Ciriaco-Useche

Politólogo. Especialista en Economía Política y Gerencia Pública. Asesor en mercadotecnia electoral, campañas electorales y comunicación política.