5x5

Diego Guerrero: “La competencia política está limitada y las posibilidades de cambio, menores”

Diego Guerrero es Licenciado en Artes Liberales por la Universidad Metropolitana de Caracas, Venezuela. Su juventud se combina con el apasionamiento del análisis de datos, la econometría y los modelos de economía política y de la política para la evaluación del riesgo político y sus determinantes institucionales. Es investigador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del Instituto de Estudios Superiores en Administración (IESA) así como analista en ODH Grupo Consultor. Su línea de trabajo se orienta hacia las políticas de energía y su correlación político-institucional, en particular, estudia las naciones con institucionalidad débil y ricas en recursos naturales, como es el caso de Venezuela sobre el cual nos ilustró ampliamente al respecto en la conversación afable que sostuvo con la redacción de El Coroto para su “5×5”.
El régimen chavista se ha sustentado en dos pilares: la legitimación plebiscitaria de su poder y el uso de la renta petrolera como caja chica para financiar el creciente gasto público que compra lealtades a lo interno y a lo externo del país. El 06 de diciembre de 2015, al perder abrumadoramente la elección, una de las columnas de sostén flaquea, y, la otra está resquebrajada por la baja del precio del petróleo; entonces, ¿el fin del régimen actual es inminente?

Las instituciones democráticas plantean mecanismos que suavizan o facilitan la transición de un gobierno a otro sin mayores traumas. Sin embargo, Venezuela experimentó un deterioro de sus instituciones durante las últimas décadas. En consecuencia, aunque de iure podemos encontrar herramientas como el revocatorio, la constituyente, las elecciones locales e incluso existe la experiencia de procesos judiciales contra miembros de gobierno; la transición sufre de fricciones. Las principales fricciones han sido el uso arbitrario de las potestades de los poderes públicos para enfrentar a la competencia política. Por esto la competencia política en el país está restringida o limitada, y las posibilidades de cambio se vuelven menores.

Debido a que no está sujeto al derecho, observamos el ejercicio del poder para sostener el gobierno ante la pérdida de las fuentes de poder comentadas. La interrogante es cuánto tiempo puede sostenerse dado el deterioro del bienestar y de instituciones primordiales, como la seguridad personal. Dado que las instituciones son la principal herramienta para tener certidumbre, su debilidad imposibilita juzgar la inminencia de un cambio.

Lo que podemos asegurar es que no toda crisis económica resulta en cambios de políticas y reformas sustanciales, como las necesarias en el país. Las crisis en ocasiones pueden debilitar a la sociedad civil y empobrecer a la población, aumentando su dependencia al gobierno y en detrimento de su capacidad de organización para el cambio. Incluso las crisis pueden llevar a escenarios más graves de conflicto. Siendo que la política como espacio pierde su efectividad para atenuar las tensiones del país.

Petróleos de Venezuela está repleta de burocracia, endeudada muy por encima de su capacidad de pago y con una producción propia declinante. En comparación con otras empresas estatales similares (PEMEX y PETROBRAS), ha ahuyentado a la participación privada de sus proyectos, ¿hay viabilidad de que la industria siga así o se hace necesario que el Estado se aparte de su manejo?

Las empresas petroleras hoy están en una situación desfavorable. Debido a la caída del precio del petróleo, se espera que la inversión descienda aproximadamente 13%, cuando el año pasado ya había descendido 20%. Esto ocurre justamente cuando países como México abrieron la explotación del Golfo a la inversión extranjera. Brasil también había abierto el sector para incentivar el desarrollo del pre-sal. Ahora atraer la inversión es más retador.

No obstante, Venezuela tiene algunas ventajas competitivas. La Faja Petrolífera del Orinoco no solo tiene las reservas probadas de crudo más grandes del mundo, sino que su extracción es de bajo costo. Lamentablemente no tenemos información precisa del costo por barril, pero se estima que pueden ser cercanos a los 20 o 22 $.

La elevada inflación y las distorsiones cambiarias son parte de los elementos que estancan la inversión en la industria. También PDVSA adoptó prácticas gerenciales ineficaces y se transformó más en un instrumento político que en una empresa petrolera. Además, las condiciones geológicas en la cuenca occidental traen consigo el agotamiento de los campos tradicionales, y las restricciones de explotación en la Faja no permitieron compensar ese declive. Por esto los ambiciosos planes de producción no se cumplieron durante la década pasada.

En los últimos dos años PDVSA y el gobierno han realizado ajustes que todavía son tímidos. Los nuevos sistemas cambiarios (SIMADI y ahora DICOM) han aliviado parte de las condiciones financieras de la industria. También parecen haberse tomado medidas gerenciales menos politizadas. Sin embargo, la situación no es ideal: se perdió la oportunidad histórica de los altos precios. Aunque la explotación del recurso es rentable.

El manejo del Estado sobre los recursos es un tema delicado. Con los bajos precios las rentas son menores. Esto provee incentivos para atraer al sector privado y estimular la producción. Igualmente, con bajas rentas los Estados tienden a tomar políticas que permitan el surgimiento de otras actividades productivas. Pero si no ocurren reformas institucionales, no se logran cambios en el largo plazo porque frente a cualquier aumento en las rentas se pierde el camino avanzado.

La situación no implica que la presencia del Estado en el sector petrolero desaparecerá, ni es condición sine qua non para desarrollo los recursos. Pero debe gerenciar con eficiencia a PDVSA para que vuelva al negocio de los hidrocarburos, dejando la repartición de renta a los mecanismos institucionales propicios, y también deberá generar confianza y mejores condiciones a las inversiones privadas. Especialmente en lo que respecta a impuestos y regalías, política cambiaria y seguridad jurídica y personal.

Recién fue creada una supercorporación estatal que en manos de la Fuerza Armada tiene -teóricamente- a su mando el sector hidrocarburos y mineros, ¿por qué ocurre esto -en tanto que ya el Estado es dueño de las principales empresas de esos ramos- en las actuales circunstancias de crisis política al seno del propio régimen chavista?

Lo que sabemos de CAMIMPEG  es limitado: En principio es una compañía anónima ejecutada por las Fuerzas Armadas con acceso a la explotación y provisión de servicios en actividades mineras e hidrocarburíferas.

Muchas razones pueden motivar esto. Podría ser un mecanismo de compensación a militares cercanos o fieles al gobierno. También puede pretender traspasar activos de PDVSA o servir como alternativa a la petrolera en caso de que la alta exposición a deuda ponga en riesgo sus activos. Hay incertidumbre y todavía no podemos sacar conclusiones

Lcdo. Diego, buena parte de su investigación académica se orienta en describir la relación entre el manejo de los ingresos por recursos naturales de alta rentabilidad con la gestación de sistemas rentistas autoritarios, ¿es inevitable que Venezuela se encamine hacia la dictadura tal como ocurre hoy día?

No existe una relación causal probada entre las rentas petroleras y el autoritarismo. Por lo tanto, no es inevitable. Todo depende del estado de las instituciones y cómo restrinjan la capacidad del sector público para apropiarse de y distribuir las rentas.

Lamentablemente en Venezuela los mecanismos diseñados para limitar la captura de rentas, como el Fondo de Estabilización, fueron un fracaso: debido a que existían fuertes incentivos para ir debilitando las reglas y permitir a los actores acceder a estos ahorros. Esta situación puso al país en un ciclo de deterioro institucional desde el siglo XX. Este es un ciclo vicioso y requiere medidas urgentes, importantes y con orientación clara del largo plazo: sacrificio y trabajo. En ocasiones, las reformas severas solo se llevan a cabo por crisis profundas y dañinas, como las pestes o guerras civiles en Europa que llevaron a la institución del derecho de propiedad y la caída de las monarquías.

Es posible diseñar instituciones que limiten al Estado en la apropiación de rentas y disminuyan la discrecionalidad de los actores políticos. Una posibilidad es otro Fondo de Estabilización, otra es un instrumento de distribución directa de las rentas sobre la cual el político de turno no pueda tener control. La meta es atar las manos de los políticos, para que no puedan administrar las cuantiosas sumas de divisas provenientes de la renta, y las políticas públicas deban financiarse de impuestos. Dado que los impuestos generan una relación menos servil entre la ciudadanía y el Estado.

La responsabilidad al final cae sobre los políticos y sobre la sociedad civil. Los primeros están limitados por sus propios intereses: tomar una medida óptima en el largo plazo, implica perder el poder de administrar rentas que les dan beneficios en votos, mayor amplitud de políticas, entre otras. Los segundos están limitados por su capacidad: la sociedad civil no gobierna y tiene dificultades de organización. Pero si se desea que Venezuela salga de este ciclo vicioso, deben realizarse reformas importantes.

5. Finalmente, el marco actual del mercado petrolero es de precios “bajos” que no se preveen tengan un aumento significativo ni a corto ni mediano plazo. ¿cuáles opciones le quedan al Estado venezolano para solucionar la escasez de divisas y de levantar ingresos de otros rubros que se puedan exportar? 
Efectivamente es poco probable que vuelvan a experimentarse precios de 100$ por barril en el corto plazo. Estimular la actividad económica será la gran tarea de los próximos años. Requiere políticas integrales con énfasis en algunos ajustes precisos y urgentes. El reto es eliminar las restricciones y el acoso a la productividad y el trabajo.

Para esto, debe llevarse a cabo una política monetaria que detenga el proceso inflacionario en conjunto con una devaluación que provea de competitividad al empleo. También es urgente eliminar los controles de precios para incentivar la producción. El gasto público debe enfocarse para lograr la eficiencia en salud y educación, además de subsidios orientados a la población más vulnerable para evitar el impacto de las reformas. Un ajuste de este tipo requiere liderazgo para transmitir confianza.

Un reto inevitable es la política de seguridad interna. Retomar la institucionalidad parte de una pacificación efectiva que contenga y disminuya el crimen. El crimen afecta gravemente la producción de las empresas y el Estado debe retomar la responsabilidad de ofrecer seguridad para que pueda surgir producción.

Creo que estas reformas son prioridad. No tanto las necesidades de financiar la producción y ofrecer préstamos o facilidades. Se pueden lograr grandes avances simplemente eliminando las dificultades que crea el mismo Estado y su política o la ausencia de estas.